La Intendencia de Tafí del Valle adoptó por decreto lo que el Concejo Deliberante pretendía regular por medio de ordenanzas. Al día siguiente de que fracasara de nuevo una sesión por la ausencia de los ediles afines al intendente Francisco Caliva, este decretó la adhesión a la Ley Micaela que obliga a los agentes públicos a instruirse contra la violencia de género e incluso firmó un convenio para desarrollar los capacitaciones con Adela Seguí, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Ese mismo día y por medio de otra decisión ejecutiva, Caliva declaró de interés municipal el Inti Raymi o Fiesta del Sol, ritual que las comunidades indígenas celebraron ayer.
“Es necesario construir sentidos comunes que cuestionen la desigualdad y la discriminación, y transformen las prácticas concretas”, refirió Caliva en el Decreto 321/20 mediante el cual se adhirió a las normas nacional (27.499) y provincial (9.247) que obligan a incorporar la llamada perspectiva de género en la administración pública. La capacitación forzosa regirá para todos los cargos y niveles de la planta del Departamento Ejecutivo municipal, y su incumplimiento dará lugar a la aplicación de sanciones, según consta en el instrumento que lleva la firma del intendente y de la secretaria de Gobierno, Beatriz Centeno. Por medio del Decreto 322, ambos funcionarios destacaron el Inti Raymi y dispusieron que las ceremonias preserven las medidas de distanciamiento social anti-covid-19.
Tanto el reconocimiento de la tradición indígena como la adhesión a la Ley Micaela formaban parte del temario preparado para la deliberación del jueves. El tercer punto del orden del día consistía en el tratamiento de una cuestión de privilegio relativa a un audio polémico atribuido a Caliva. Esta grabación viralizada en noviembre, antes de que el intendente jurara en su cargo, registra el presunto intento de soborno del concejal y vicepresidente segundo Juan Carlos Rivadeneira. Una aliada a este, la vicepresidenta primera Jéssica Yapura Astorga, pretendía que, después de debatir sobre la prevención de la violencia de género y de homenajear al movimiento indígena local, los ediles sentaran una posición sobre el audio y formularan una denuncia penal (el asunto fue judicializado el año pasado por particulares y tramita en la Justicia de Monteros).
Los concejales del oficialismo municipal, Omar Vedia, Omar Monasterio y Benjamín Cruz, no se presentaron al recinto y la sesión cayó. La situación generó malestar y críticas puesto que caciques y activistas de los derechos de la mujer habían asistido al Concejo. Los dos bloques enfrentados reivindican la identidad peronista: Yapura Astorga, Rivadeneira y la presidenta Sonia Saavedra disponen de la mayoría de los votos (la titular desempata) mientras que Vedia, Monasterio y Cruz tienen la llave del quórum.